9 de enero de 2014

DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE Y ALCALDE ACCIDENTAL DE CHURRIANA DE LA VEGA POR UN PRESUNTO DELITO CONTRA LOS DERECHOS CÍVICOS


El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Cicerón

El Ayuntamiento de Churriana de la Vega está sistemáticamente obstaculizando a los concejales de la oposición de IZQUIERDA UNIDA, PSOE, UPyD y UDCH en el ejercicio de sus funciones. La idea de formular una denuncia conjunta parte de una reunión que tuvimos para debatir varios temas. En mi corta andadura como miembro de la Corporación, pues llevo desde septiembre, me resultó extraño que el expediente de unas facturas no se me hubieran puesto a disposición en el transcurso de tres meses. Al comentar este hecho con el resto de la oposición, observamos que era la práctica habitual demorar el tiempo la entrega o puesta a disposición de documentación en los casos en que se lleva a cabo, estudiando la idea de llevar a cabo acciones legales.

El detonante final fue el pasado día 10 de diciembre. Durante el desarrollo de la Comisión Especial de Cuentas, el Alcalde Vicente Valero se negó expresamente a dar copia de toda la documentación necesaria para ejercer las funciones de fiscalización y control de la acción de gobierno. Una decisión sorprendente, pues cambia el precedente de todos los años anteriores.

Más sorprendente aún la declaración realizada por el mismo, afirmando que, si no contábamos con tiempo para ir al Ayuntamiento todas las mañanas (la documentación supera los 5.000 folios) a consultar la documentación, quizá no deberíamos desempeñar las concejalías municipales. Para colmo, los sábados se niegan a permitirnos consultarla. 

El fondo de estas declaraciones no debería sorprendernos, pues este discurso enlaza muy bien con el argumentario que está llevando el Partido Popular a nivel estatal, materializado en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local, conocida coloquialmente Ley de Reforma Local, que entró en vigor el 30 de diciembre. Los objetivos de esta ley son claros y se podrían clasificar en tres tipos. Por un lado, la búsqueda de estabilización de un bipartidismo titubeante, por otro acabar con la autonomía local y finalmente convertir la política municipal en una ocupación elitista en su proyección económica, donde sólo podrán participar los que tengan medios económicos y tiempo libre.

Desde Izquierda Unida condenamos enérgicamente la actitud particular y general del Partido Popular. Consideramos que las actuaciones del Alcalde y del Alcalde Accidental, Antonio Narváez, incurren en el delito recogido en el artículo 542 del Código Penal. Además defendemos con el mismo fervor el municipalismo bien entendido, que fomente la democratización del pueblo, mediante medidas de transparencia, prestación directa de servicios públicos, más autonomía, claridad competencial y más financiación.


De izquierda a derecha, Álvaro Morales (IU), Paco Ruíz (PSOE) y Miguel Ramos (UDCH).



Portavoz del Grupo Izquierda Unida 
Álvaro Morales Antrás